Cuando Mauricio Macri pronosticó que en el segundo semestre del año empezaría a mejorar la situación en Argentina, no se esperaba golpes como que la Corte Suprema retirara la subida de tarifas de gas y electricidad sobre la que se sostenía gran parte de su política de sinceración de precios. Los partidarios de la expresidenta Cristina Fernández han estado haciendo cada vez mas ruido, con manifestaciones concurridas en la Plaza de Mayo y amenazas contra el mandatario, la vicepresidenta Gabriela Michetti o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En este ambiente enrarecido, un dato le permite mantener la esperanza: el freno a la inflación, uno de los mayores problemas del país desde hace décadas.
La situación económica del país es muy delicada. En el primer semestre del año, el PIB sufrió una caída del 1,3%, mientras que la actividad industrial se desplomó un 3,3% en ese tiempo, mientras que el desempleo llegó al 9,3%. La Universidad Católica de Argentina reveló que la pobreza había llegado al 33%, desde el 29% a principios de año.
Pero uno de los datos que más afectan al ciudadano medio es el de la inflación. Después de más de medio siglo de cifras altas e incluso un periodo de hiperinflación a finales de los 80, la variación de los precios es uno de los asuntos que más preocupan a los argentinos. Los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo tuvieron claro, y crearon un cargo, el de Secretario de Comercio, que ocupó uno de sus hombres de confianza, Gullermo Moreno. Su tarea fue tomar el control del Instituto de Estadística y Censos (Indec), expulsar o sustituir a sus trabajadores y modificar la forma de cáculo de la inflación, que dio datos increíblemente bajos durante una década.
Una de las primeras decisiones de Macri al llegar al poder fue "recuperar" el Indec para "volver a tener estadísticas creíbles". Uno de sus efectos fue revelar los datos reales de inflación, incluso superiores a los estimados por organizaciones privadas: un 4,2% mensual en mayo. La evolución, sin emabrgo, ha resultado muy positiva para el Gobierno, ya que bajó hasta el 3,1% en junio y al 2% en julio.
El lunes, finalmente, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció que la subida de precios caerá hasta el 1% en agosto. En parte, este retroceso se debe a la decisión de la Corte Suprema de frenar la subida de tarifas, lo que redujo en un 0,8% el dato del mes, pero el Gobierno no ha tardado en sacar pecho de la cifra y presentarlo como una prueba del principio de la recuperación. "No creo que la gente esté mejor que hace ocho meses, pero sí que podría haber estado peor", afirmó Prat-Gay en una entrevista de radio el lunes.
Para analistas como la consultora Labour, Capital & Growth (LCG), estos datos están provocados por la política monetaria contractiva y el freno a la actividad, que enfría el crecimiento de los precios hasta una media de 1,7% mensual previsto de aquí a fin de año. También influye que se haya terminado de digerir la devaluación del peso que aplicó Macri a su llegada, y que provocó una fuerte subida de los productos importados en los primeros meses del año.
Desde el estado también surgen voces más críticas, como el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que cree que todavía pasarán meses o años hasta que se pueda controlar la inflación en una situación de crecimiento. Pese a ello, para el ministro es "un avance", porque "la inflación ya no es un tema. Hace dos meses era la única preocupación".
Macri necesita desesperadamente que la economía se recupere en el segundo semestre del año o, como muy tarde, a principios de 2017. Hasta ahora, se ha dedicado a denunciar la "pesada herencia" del Gobierno de Fernández y a prometer que sus duras medidas surtirán efecto el próximo año. Un éxito en un tema tan sensible y visible como la inflación le ayudaría a vender la recuperación a los sectores sociales donde cimentó su victoria: las clases medias y las ciudades más desarrolladas.
La amenaza, sin embargo, es que el año que viene se celebrarán las elecciones legislativas de mitad de mandato, que incluyen la gobernación de una serie de provincias y que podrían dejar al presidente en una situación más débil aún de cara a sus dos años finales antes de presentarse a la reelección. Ahora mismo depende del apoyo de los peronistas del UNA de Sergio Massa y los ex-kirchneristas rebeldes del Partido Justicialista. Una pérdida de escaños hacia el Frente Para la Victoria, que tuvo un mal 2013 y tiene margen de mejora, podría abrir la puerta a la ingobernabilidad.
Fuente: eleconomistaamerica.com.ar
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