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domingo, 10 de abril de 2016

Argentina/ La Justicia lleva las riendas del gobierno/ Por Damián Glanz

El riesgo de conducir las expectativas de la población a través de los juzgados federales.

Por Damián Glanz/ TN

“Hagan un partido y vayan a elecciones”. Con esa frase la ex presidenta Cristina Fernández se enfrentaba a la “corporación judicial” que pretendía gobernar desde los tribunales. Hay cosas que con la llegada de Mauricio Macri no cambiaron: la administración Pro corre detrás de la agenda judicial que hoy nuevamente domina el pulso de la política.
Con cinco días de demora, el Presidente anunció que se someterá al control de la Justicia Civil para que un juez determine si cometió o no “omisión maliciosa” en el caso de la sociedad familiar off shore revelada en los Panama Papers. Lo hizo después de que el fiscal Federico Delgado lo imputara por ese delito atendiendo a una denuncia de un diputado del Frente para la Victoria.
La promesa presidencial de una Argentina sin impunidad se convirtió en una pulseada, en una batalla con el poder saliente, el judicial y también hacia adentro de la coalición de gobierno.
En el entorno de Macri le apuntan a Delgado. Dicen que, antes de corroborar la veracidad de la información periodística, vinculó al Presidente con un presunto delito.“No tengo la menor duda de que detrás hay una finalidad política orientada a perjudicar al Presidente Macri. El Fiscal Delgado pertenece a Justicia Legítima, que todos sabemos que está identificado con el kirchnerismo y es contrario al Gobierno de Cambiemos”, acusó el diputado Pablo Tonelli, la espada macrista en el Consejo de la Magistratura.
La declaración de certeza que pedirá Macri para que determine si la falta de incorporación de la sociedad que compartía con su padre en la declaración jurada de 2007 se trató de una “omisión maliciosa” no frenará el avance de la investigación en el fuero Criminal y Correccional Federal. El fiscal Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello que se investigue si esa empresa se utilizó, por caso, para eludir el pago de impuestos o cualquier otra maniobra contraria a la ley.
Será la Justicia, y no las explicaciones del Presidente o del Jefe de Gabinete, la que finalmente despeje las sospechas. Hasta que eso no ocurra, el fideicomiso ciego que administrará sus bienes operará como una promesa de transparencia a futuro. Lo que está en dudas es su actuación pasada.
Los casos de Lázaro Báez y Ricardo Jaime ayudaron al gobierno a correr el foco sobre la hipertensión tarifaria, pero al mismo tiempo opacan cualquier intento por ganar la agenda, como ocurrió con los anuncios de la penalización del desvío de los precursores químicos o la unificación del fuero de instrucción y el correccional. Ante la corrupción, toda pasa inadvertido.
La atención está puesta en otro lado. El demorado avance de la investigación sobre el empresario y socio de la familia Kirchner, Báez, amenazaba supuestamente con convertirse en el confesionario de la corrupción de la década ganada, pero hasta ahora, tanto el empresario como el juez Sebastián Casanello se ocuparon de mantener a resguardo cualquier vinculación con el poder político.
Báez se hizo cargo del dinero arrastrado en bolsos y el juez le apuntó a un delito que deja a salvo a los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de la Dirección Nacional de Vialidad que llenaron los bolsillos del empresario. La sospecha del lavado de dinero se ampara en el delito de evasión tributaria: usar facturas truchas para defraudar el fisco, quedándose con dinero público a través de la sobrefacturación y el impago de impuestos. De corrupción, ni hablar.
Hay un dato sorprendente en el caso de la detención de Báez: el que aparece en el video es su hijo Martín, socio de su padre en Austral Construcciones, y no él; para el juez, el dinero que termina apilado en bolsos en una bóveda proviene de ilícitos realizados con esa empresa, algo que afecta tanto al padre como al hijo; Casanello sospechó que Báez padre pretendía fugarse en uno de sus aviones y por eso dictó la prisión preventiva; pero el hijo, el sospechoso, el que bebe whisky y fuma puros frente a millones de dólares, el que iba en el mismo vuelo que su padre, no quedó detenido.
En el equipo del fiscal Marijuán especulan con el juez pudo haberse guardado la carta de la prisión del hijo como herramienta de presión para usarla ante el padre. Esa es una hipótesis. Otra versión apunta a que el juez ya arregló con el propio Báez salvar a la propia familia y a la familia Kirchner. Eso cree Elisa Carrió.
La diputada no confía en Casanello y presta más atención a lo que podría pasar en el juzgado de Julián Ercolini, que lleva la investigación que se originó a raíz de la primera denuncia de Carrió contra Kirchner y su entorno por asociación ilícita.
Ese expediente avanzó poco. Casi nada. De hecho fue desmembrado por el propio juez, un mecanismo conocido para aplastar causas y demorarlas. Ejemplos abundan. Una parte de la denuncia apuntaba al sobreprecio en obras viales. Con toda la información, el juez inició un expediente aparte, que se subdividió en cientos de causas que fueron remitidas a juzgados provinciales. Como la licitación que ganó una subsidiaria de Austral Construcciones para repavimentar la ruta 7 de Chaco. El caso fue la justicia federal de esa provincia que terminó derivándola a un juez provincial que enterró definitivamente el caso.
Pero algo ocurrió esta semana en el despacho de Ercolini: luego de indagar a Ricardo Jaime por la compra de chatarra ferroviaria con sobreprecio, decidió convocar a su jefe,Julio De Vido, para que dé explicaciones. Es una novedad: es la primera vez que se rompe el cerco de responsabilidades que hasta ahora mantenía a resguardo a los principales actores del poder K.
Menos espectacular que la trama de Báez, Jaime puede acercar a Cristina a las sospechas de corrupción. También puede fallar. El silencio les conviene a todos. Hasta ahora, la Justicia Federal estuvo siempre de su lado.
El ritmo podría cambiar con las causas que lleva el juez Claudio Bonadio, que al parecer cruzó definitivamente el cerco. Él también había cuidado las formas con las figuras más poderosas de la gestión K. En la instrucción de la tragedia de Once se cuidó de no enviar a juicio a De Vido. Ahora lo debe investigar por orden del tribunal que juzgó el caso.

El riesgo de conducir las expectativas de la población a través de los juzgados federales es que la decepción frente la promesa del “cambio” está siempre a mano. Macri le pide a la sociedad que confíe. Pero no es él quien tiene la llave de la confianza y hoy tampoco lleva el ritmo de la gestión. Eso hoy pasa por Comodoro Py.

http://linkis.com/tn.com.ar/opinion/d2vw5

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