Por Alejandro Lifschitz
BUENOS AIRES (Reuters) - El Senado argentino se preparaba el miércoles para aprobar la expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol, una decisión que desató fuertes críticas de la Unión Europea y de inversores internacionales.
La presidenta peronista Cristina Fernández envió la semana pasada al Congreso el proyecto de ley para que el Estado pase a controlar el 51 por ciento de las acciones del mayor grupo energético del país, argumentando que no invirtió lo suficiente para frenar una brusca caída en la producción de hidrocarburos.
La mayoría de los argentinos apoya la expropiación de YPF porque considera que las privatizaciones de la década de 1990 fueron la causa de la aguda crisis económica que vivieron en el 2001-2002. Varios partidos opositores de centro y centroizquierda también respaldan la iniciativa, por lo que se descuenta que será aprobada con una abrumadora mayoría.
"El proyecto del Ejecutivo no conforma un acto caprichoso ni acto aislado. Es fundamentalmente un corolario lógico, derivado consecuente y necesidad imperiosa de concretar en materia energética la reversión fundamental de paradigmas que caracterizaron los tiempos con preeminencia neoliberal", dijo el senador oficialista Marcelo Fuentes durante un discurso.
El Gobierno y legisladores oficialistas vienen utilizando un encendido discurso nacionalista para defender la decisión de poner bajo control estatal la petrolera YPF.
El debate en el Senado comenzó a alrededor de las 11.00 hora local (1400 GMT) y se espera que termine hacia la medianoche.
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Gráfico zonas explotación YPF link.reuters.com/qak96s
Gráfico inversión España link.reuters.com/wab77s
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Cerca de 67 de los 72 senadores votarían a favor de la expropiación de YPF -que representa cerca del 50 por ciento de la producción de Repsol-, allanando el camino para que la Cámara de Diputados convierta en ley la expropiación la semana próxima.
La caída en la producción de hidrocarburos está obligando desde hace años a Argentina a realizar millonarias importaciones energéticas que reducen su superávit comercial y elevan los costos de las compañías, que ya deben lidiar con unas de las tasas de inflación más altas del mundo.
El Gobierno argentino intervino la petrolera la semana pasada y expulsó a los directivos designados por Repsol y el Grupo Petersen, una empresa argentina que controla el 25,4 por ciento del capital de la compañía.
Inmediatamente comenzó una serie de reuniones con petroleras internacionales, incluidas Exxon, Chevron, ConocoPhilips y Total, en busca de socios para aumentar la producción y desarrollar el gigantesco campo Vaca Muerta, que se considera uno de los mayores reservorios del mundo de hidrocarburos no convencionales.
Repsol ha afirmado que el Gobierno impulsó la nacionalización de YPF para tomar el control de Vaca Muerta, cuyo desarrollo, según cálculos de la petrolera española, demandará inversiones por 25.000 millones de dólares al año durante una década.
CORO DE CRITICAS
A pesar del apoyo de los argentinos, la toma de control de YPF desató una ola de críticas internacionales y profundizó el malhumor de los inversores y de muchos gobiernos extranjeros con las medidas poco ortodoxas que está tomando Argentina, como una serie de fuerte restricciones a las importaciones.
Como represalia, España restringió las compras de biodiésel argentino y estudia limitar sus importaciones de soja.
En tanto, la Unión Europea dijo que respaldaría a Madrid en su puja con Argentina y el Banco Mundial afirmó que el Gobierno argentino cometió un error.
Al coro de condenas se sumaron las agencias de calificación Moody's y S&P, que dijeron que la expropiación eleva los riesgos de invertir en Argentina y que el país -que cayó en cesación de pagos una década atrás- se asoma a un mayor aislamiento económico.
Un sondeo de la consultora local Poliarquía publicado el fin de semana mostró que 62 por ciento de los encuestados respaldan la expropiación, mientras que un 23 por ciento se oponen.
Sin embargo, los críticos de Fernández dijeron que podría haber nacionalizado YPF mediante una negociación y así evitar la ira de Madrid, de Bruselas y de los inversores extranjeros.
"Cuando tomamos la decisión soberana de expropiar, hagámoslo de una manera inteligente, hagámoslo apropiadamente", dijo el senador Gerardo Morales, de la opositora Unión Cívica Radical, quien de todos modos se espera que vote a favor de la propuesta.
Una vez aprobada la ley, un tribunal dependiente del Estado deberá tasar la participación del 51 por ciento expropiada en YPF para resarcir a Repsol.
La compañía española valoró las acciones en 9.300 millones de dólares. Pero el Gobierno adelantó que no pagaría esa suma y sigue aportando datos para ilustrar lo que consideran fue un "vaciamiento" de YPF.
El grupo español Repsol dijo que podría demandar a Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial para disputas por inversiones, el CIADI.
"Seguramente iremos al CIADI a dar el debate siempre respecto de la tasación, no respecto de la profundidad de la medida", dijo el senador oficialista Daniel Filmus.
El país sudamericano tiene antecedentes de no acatar los fallos del organismo, por lo que algunos analistas creen que son limitados los medios de España para presionar a Argentina.
(Con la colaboración de Helen Popper-Guido Nejamkis. Reporte de Alejandro Lifschitz; Editado por César Illiano)
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