El plan de 'La Cámpora' para hacerse con YPF

La estatización puede convertirse en privatización para un grupo de presión peronista

Antonio Sánchez-Gijón.– La incertidumbre que rodea el pleito del gobierno argentino con la compañía energética Repsol-YPF puede no ser más que un síntoma del impacto que está causando en el seno del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la aparición de un grupo político de leales incondicionales, coordinado por Máximo Kirchner Fernández, hijo de la presidenta y del anterior presidente Ernesto Kirchner, y que parece gozar de toda la confianza de la mandataria. Se trata del grupo que se autodenomina La Cámpora, en memoria de Héctor Cámpora, el líder peronista que ganó en marzo de 1973 la presidencia de Argentina, para cedérsela poco después a Juan Domingo Perón, en lo que todo el mundo interpretó como un acto de vasallaje pactado.

Fue un gesto de fidelidad que enfatiza la importancia que el peronismo atribuye a las lealtades personales como fórmula de sucesión en el liderazgo del movimiento. Si Eva Duarte de Perón fue la líder espiritual, su esposo Juan Domingo fue su jefe político. Poco después el carisma de Perón le fue prestado a su viuda y segunda esposa María Estela Martínez, que le sucedió en la presidencia. Este mismo carisma lo transfundiría bastantes años más tarde el presidente Ernesto Kirchner, a su muerte, a su viuda y vicepresidenta, Cristina Fernández. ¿Seguirá la historia?

Altibajos en la política macroeconómica

La señora Kirchner, vicepresidenta con su esposo, le sucedió al frente de la jefatura del Estado, y sorprendió al país defendiendo tenazmente la necesidad de cumplir los compromisos de deuda con los acreedores internacionales. Esta política relativamente ortodoxa tuvo su culmen una vez ganadas las elecciones para su relección, en octubre del 2011, cuando anunció una lista de recortes a los subsidios al consumo y diversos servicios (en conjunto, el 4% del PIB), y que entraría en vigor el 1 de diciembre. Debían quedar afectados los precios del gas, la electricidad, el agua, la minería, los seguros bancarios, los aeropuertos y las telecomunicaciones, con recortes de entre el 24% y el 37%. Pero fiel al carácter populista del peronismo, la introducción de los recortes se escalonaría por segmentos sociales, recortando menos los subsidios a los consumos populares.

Las medidas de la presidenta trataban de salir al paso de un serio deterioro de las finanzas públicas. Mientras en los últimos años los precios del consumo interno se mantenían estables, el costo del gobierno subía sustancialmente: los presupuestos del estado se incrementaron cinco veces entre 2004 y 2011, lo que, por un lado, daba una sensación de prosperidad y altos crecimientos del PIB, y por otro se producía una inflación de entre el 25 y el 30%. En los últimos meses esto se ha traducido en una fuga de capitales (se estima que unos $3.000 millones al mes), lo que ha llevado al gobierno a establecer un control sobre su salida.

Los autores de esta política han sido prácticamente desplazados por la "nueva guardia" kirchnerista. El caso más llamativo es el del ministro de Planificación, Julio de Vido, quien parece haber perdido se ascendiente en favor de la estrella ascendente de La Cámpora, Axel Kicillof, de 41 años, el secretario de Política Económica, a quien se considera el inspirador de la estrategia de acoso a Repsol-YPF. Dos estrellas en ocaso son el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el jefe del gabinete presidencial, Juan Manuel Abal Medina.

La Cámpora actúa como grupo ideológico y de presión en las provincias, con reflejo inmediato en las políticas que adoptan los gobernadores provinciales, que no pueden desplazarse mucho de lo que quiere Buenos Aires. La organización sigue las directrices de un comité de seis personas, que ya ocupan posiciones clave dentro de las estructuras de poder argentinas. Así, Mariano Recalde está al frente de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. El ministro de Exteriores, Héctor Timerman, despidió a principios de año a 16 embajadores y colocó en su lugar a otros tantos miembros del grupo.

Los nombramientos más llamativos son los referidos al control de los medios de información. Ignacio Saavedra ha sido puesto al frente del comité para los servicios de radiodifusión, del gobierno federal. Santiago Aragón, al frente de los servicios de comunicaciones audiovisuales. El nuevo subsecretario de comunicaciones públicas, Rodrigo Rodríguez, es quien deberá dispensar la publicidad oficial que se publica en los medios privados. Se augura que la batalla que el gobierno mantiene con el diario Clarín no puede darse por superada. El diario La Nación ya ha dado muestreas de alarma ante la aparición de esta ambiciosa élite de poder.

De momento, desaceleración

Hasta qué punto la ofensiva contra Repsol se debe al ímpetu de La Cámpora, queda por ver.  La Nación informó el día 15 que la marcha acelerada a la nacionalización fue seriamente desaconsejada por dos "viejas guardias", el secretario de Comercio Interior, Moreno, y el de Planificación, de Vido. Quizás fue su consejo lo que frenó el anuncio, que ya se esperaba a finales de la semana pasada, de la toma del 50,01% de la compañía por el estado.

También pudo invitar a una pausa de reflexión la llamada de de Vido a los gobernadores de diez provincias petrolíferas, para que moderaran su acoso a la compañía, ante el temor de los efectos que sobre los ingresos provinciales podría tener una crisis en la gerencia de la Repsol-YPF, por no hablar de las consecuencias jurídicas a largo plazo que podría tener una medida del gobierno que muchos medios internacionales están viendo como una expropiación forzosa. Las provincias son, por la constitución de 1994, dueñas del subsuelo. De ahí la autonomía y facilidad con que han ido desproveyendo a Repsol de sus concesiones territoriales en los últimos meses.

El perfil ideológico del grupo La Cámpora puede haber sido bien definido por el diario que apoya la política de renacionalización, Página 12. Se trataría, con la nueva política, de una "corrección del paradigma privatista". Según esta ideología, la concesión de poderes a las provincias tenía por móvil dividir el poder negociador del gobierno federal, para mejor dejar a las provincias a merced de la codicia de las multinacionales. La "corrección" sobre Repsol, asegura el periódico, no sería muy costosa para el gobierno, pues el valor de la compañía no pasaría de los $4.176 millones, y no los $18.000 millones que se atribuye Repsol, y aún de aquella cantidad habría que deducir los daños medioambientales causados por la explotación de los hidrocarburos.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales