Un aumento del 50% en la inmigración neta a Reino Unido en el año 2014 obligó ayer al primer ministro británico, David Cameron, a adelantar las líneas de un nuevo proyecto de ley que incluirá en el programa legislativo que se anunciará la próxima semana. Los objetivos de la ley son endurecer la persecución de la inmigración ilegal y reducir los subsidios a los inmigrantes de la Unión Europea.
«Una inmigración descontrolada puede dañar el mercado laboral y oprimir los salarios y la gente trabajadora quiere un Gobierno que esté de su lado. La inmigración descontrolada significa que mucha gente entra legalmente en Reino Unido pero se queda ilegalmente. Y la gente está harta de un sistema que permite a quienes no deberían estar en nuestro país que permanezcan aquí», dijo Cameron.
Las últimas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas confirmaron que el Gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas no cumplió en ninguno de los cinco años de ejercicio su objetivo de reducir la inmigración neta a 100.000 personas. En 2014 fue de 318.000, un aumento ligeramente inferior al 0,5% de la población del país, 64,1 millones.
Cameron culpó de la inmigración a los laboristas que le precedieron y a las restricciones que sus aliados liberal-demócratas pusieron en sus planes. Con mayoría parlamentaria, el primer ministro quiere ahora alcanzar su objetivo. Parece imposible. La cifra de británicos que regresaron a su país en 2014 fue ya de 83.000. De los 558.000 restantes, 290.000 son ciudadanos de países no comunitarios y 268.000 proceden de la UE. Los emigrados fueron 323.000.
La medida más llamativa entre las adelantadas por Cameron para reducir el número de inmigrantes ilegales es dar poder legal a la Policía para iniciar procesos de incautación de sus salarios, mayores controles de la legalidad de la residencia cuando se alquila una vivienda o la expulsión del país antes de que se pueda presentar un recurso.
Sobre las restricciones de subsidios a los llegados de países de la UE, Cameron no adelantó nada. El Gobierno laborista ya introdujo un 'derecho de residencia' que permite a las autoridades británicas negar subsidios a ciudadanos comunitarios que no han tenido capacidad para encontrar empleo en seis meses. Y el suyo les exigió residencia en suelo británico durante al menos tres meses para pedir algunos subsidios.
Negociación con la UE
Tras pronunciar su discurso, el primer ministro partió hacia Riga para encontrarse con los socios de la UE con los que iniciará el diálogo en el que pretende lograr acuerdos que le permitan convocar un referéndum sobre la permanencia o abandono de la UE lo más pronto posible y con un resultado favorable a la primera opción, que él desea. El avión que le llevó a la capital de Letonia dejó en Londres la estela de algunos nombramientos en la oficina del primer ministro. La nueva directora de la Unidad Política, que elabora y analiza propuestas del Gobierno, es Camilla Cavendish, hasta ahora periodista de 'The Sunday Times'. En un comentario que publicó tras las elecciones afirmaba que «el Gobierno tiene ahora un claro mandato para una dura negociación con la UE en la cual la exclusión (británica) de la libertad de movimiento ha de ser una línea roja».
Hace exactamente dos años, el ministro de Asuntos Exteriores, Philip Hammond, se sumó al de Justicia en el nuevo Gabinete, Michael Gove, al afirmar que, si el referéndum se celebrase en aquella fecha, él votaría por la marcha de la UE. Hace una semana, en la cumbre de la OTAN en Antalya (Turquía), Hammond comentó a periodistas británicos que los cambios que busca el Gobierno en la UE no requieren un cambio de tratados.
Es un recorrido que Cavendish y otros pueden recorrer en las próximas semanas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha expresado esta semana su voluntad de llegar a un entendimiento con Londres. El ministro alemán de Hacienda, Wolfgang Schauble, decía ayer al 'Wall Street Journal' que quiere verse en Berlín con el negociador británico para la UE, el todopoderoso George Osborne, «para pensar juntos cómo podemos combinar la posición británica con la necesidad urgente de fortalecer la gobernación de la eurozona».
La voluntad de entendimiento emerge y no podrá ser sobre el cierre de las fronteras británicas a inmigrantes europeos. El programa electoral de los conservadores prometía privar a todos los ciudadanos comunitarios del subsidio de desempleo, entre otros, o expulsar a quienes no tengan empleo en seis meses. Más modestamente, los portavoces del Gobierno señalan la posibilidad de que se limiten los subsidios durante cuatro años.
Un español sin hijos que reside en Reino Unido y cobra el salario mínimo recibiría con los subsidios un 35,6 % más de renta que la que ganaría en España, según Open Europe. Pero de los 2.3 millones de ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido, 131.000 reciben algún subsidio, según el Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford. El empleo, y no los subsidios, atrae la inmigración y el objetivo de Cameron de reducirla, tan cargado de connotaciones políticas domésticas, posiblemente dependerá de la evolución de la economía más que de las leyes.
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