Mientras que el gobierno nacional puede gastar cerca de un millón y medio de pesos por día en publicidad oficial en este año electoral, los partidos de la oposición, en cambio, no sólo no podrán contratar espacios de manera privada, sino que además padecerán duras restricciones para difundir sus campañas por los medios de comunicación audiovisual. Es que con la nueva ley electoral reglamentada hace un par de semanas ahora solo el Estado repartirá la publicidad en televisión y radio entre las distintas fuerzas nacionales.
El problema es que los partidos tendrán espacios acotados, distribuidos por sorteo y en función del último resultado electoral de 2009, mientras que el oficialismo tiene vía libre para destinar su presupuesto de publicidad oficial ya que no existe una regulación que lo impida. Así, hasta hoy, el Ejecutivo dispone de $ 512 millones (sin contabilizar Fútbol para Todos), según lo publicado en Boletín Oficial en enero pasado, para hacer propaganda de sus actos de Gobierno, salvo los 15 días previos a las elecciones primarias y generales lo que a partir de la Reforma Política quedó prohibido.
“Existe una grave asimetría por la falta de reglamentación de la publicidad oficial; la publicidad electoral de los partidos opositores se limita a lo que le reparta el Estado que es muy poco y el Gobierno tiene las manos libres para gastar lo que quiere”, consideró el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Hernán Charosky a El Cronista.
Los representantes de las Ong que trabajan en temas de transparencia y monitorean la publicidad oficial celebraron como un primer paso importante –previo a una regulación integral de la publicidad oficial– el dictamen parcial de ayer en Diputados. Si se aprobara el proyecto se extendería a 35 días previos a la fecha fijada para las distintas instancias electorales la realización de actos inaugurales de obras públicas o el lanzamiento de planes por parte del Poder Ejecutivo, según la redacción del diputado Gustavo Ferrari del Peronismo Federal (ver página 9). “Es fundamental limitar la publicidad oficial durante la campaña para que la contienda electoral sea equitativa y justa, disparó Charosky.
Pero el aumento de la publicidad oficial en época de campaña electoral no es para nada exclusivo del gobierno nacional, la misma tendencia la repiten una y otra vez los Ejecutivos de casi todas las provincias y municipios de la Argentina. “Existe un abuso general a lo largo del país, también por la falta de regulación”, dijo Ravinovich.
En la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri gastó casi $ 60 millones en publicidad oficial en el semestre previo a las elecciones de 2009, un 88% más que lo que había desembolsado en igual período de 2008. Lo que gastó el gobierno de Cristina Kirchner, en las legislativas del 2009, en publicidad oficial, fue de $ 622 millones.
Rabinovich recordó en este sentido que se avanzó con un proyecto de regulación en la Legislatura porteña. La iniciativa establecía que no se podían firmar las publicidades y que no podían tener colores que se identificaran con un partido o un candidato. Pero la iniciativa, que se aprobó en diciembre de 2009, fue vetado por el jefe de gobierno el año pasado. Para insistir con la ley, la oposición debería reunir dos tercios de la Legislatura. Más recientemente, el mes pasado, la legisladora porteña de la Coalición Cívica (CC) Rocío Sánchez Andía presentó un amparo ante la Justicia de la Ciudad para que ordene al Ejecutivo porteño “cesar con su accionar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial”.
Daniel Scioli tampoco se salva de la lluvia de críticas por el uso de publicidad oficial como propaganda política de cara a las elecciones de este año. En la provincia de Buenos Aires el presupuesto prevé este año más de $ 316 millones para comunicación, o sea $ 865 mil por día.
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