El canciller argentino, Héctor Timerman, ha respondido favorablemente a la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para extender la presencia de la delegación argentina de expertos en logística en la frontera entre Libia y Túnez hasta el 17 de abril.
Los expertos pertenecen a la comisión Cascos Blancos, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y están especializados en la gestión de campamentos de desplazados y situaciones de emergencia. Entre otras tareas, se ocupan del diseño eléctrico y logística de los campos, así como las evacuaciones, el protocolo y la evaluación de daños, análisis de necesidades y división en sectores de los terrenos. La agencia de asistencia humanitaria y mantenimiento de la paz, Cascos Blancos, está basada en una iniciativa argentina de 1993, adoptada posteriormente por la ONU.
Según las estimaciones, más de 300.000 personas han abandonado Libia por las fronteras de Túnez y Egipto. Los funcionarios de ACNUR intentan paliar la escasez de alimentos y medicinas y preparan los campamentos para recibir a nuevos desplazados.
En el campo de refugiados de Choucha, en el lado tunecino de la frontera, los voluntarios de Cascos Blancos continúan con las tareas de reorganización, al tiempo que se intensifica la preparación del campo Taawon, para la recepción y tránsito de refugiados.
El campo de Choucha tiene poco más de 22 hectáreas y allí, en el peor momento de la crisis, cuando estalló la violencia por los levantamientos rebeldes libios, llegaron a convivir hacinadas 70.000 personas.
Para corregir las caóticas condiciones hubo que distribuir mejor las carpas evitando que las diferencias existentes entre grupos, etnias y religiones provocaran un problema. Gracias a los gigantescos operativos de rescate a través de puentes aéreos, se redujo el número a 5.000 que obtuvieron la categoría de "refugiados", pero todos están preparados ante la posibilidad de que haya un nuevo aluvión de desplazados a causa de la intervención de fuerzas extranjeras en Libia. Ahora, además de asegurar las necesidades básicas, el objetivo esencial de los Cascos Blancos es rediseñar el campo ante esa eventualidad. Se ha acordado hacerse cargo de un sector de siete hectáreas en el que se encuentra el mayor número de refugiados.
La idea inicial era trabajar sólo en el campamento de Choucha - el más grande montado hasta ahora -, si bien ha tenido que reacondicionarse paralelamente el campo ubicado en Taawon. Allí se han montado dos hospitales de campaña y 250 carpas con capacidad para albergar a 2.000 personas.
Simpatía por Gadafi
Muy distante de la perfecta coordinación con ACNUR es la tímida posición política. Argentina tardó en condenar el sanguinario régimen libio de Muamar el Gadafi. En una gira en noviembre de 2008, la presidenta Cristina Kirchner estuvo en Argelia, Túnez, Egipto y Libia. Dos de sus anfitriones de entonces ya han caído en las recientes revueltas. Llegó hasta a compararse con Gadafi, lo que plantea interrogantes acerca de su visión de un régimen corrupto y cruel. En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Argentina incluso intentó retrasar que se hicieran efectivas las sanciones contra Libia, confirmando una simpatía ideológica por Gadafi que - salvo concretas excepciones - no mantienen muchos de los países iberoamericanos.
El embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, aseguró que Argentina estaba "plenamente identificada" con la resolución 1970 que también exige que Gadafi y los responsables de los ataques generalizados y sistemáticos contra la población, desde que comenzaron las protestas civiles, respondan ante el Tribunal Penal Internacional. El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, ya ha abierto una investigación contra el coronel por presuntos crímenes contra la humanidad.
Pero la posición argentina se ha mostrado crítica ante la posterior resolución 1973, que crea una zona de exclusión aérea en Libia para la protección de civiles, aunque excluye el despliegue de una "fuerza de ocupación" en territorio libio. Tras un inicial silencio oficial, el canciller Timerman expresó esta semana su posición en Twitter, manifestando que "no se habían agotado los medios diplomáticos disponibles". Cuestionó asimismo que el Consejo de Seguridad votara la resolución sin un debate amplio por parte de la Asamblea General.
Se afirma que la posición de los gobiernos de inclinación izquierdista de Argentina y Brasil no es una defensa del régimen de Gadafi sino un pronunciamiento moderado, distinto al de Cuba o Venezuela, que tiene un contenido más antiimperialista. Brasil, junto con Colombia, uno de los dos miembros iberoamericanos no permanentes del Consejo de Seguridad en la actualidad, y que se abstuvo en la votación, pide hoy el cese del fuego. Según la presidenta Dilma Rousseff, la intervención militar está causando lo que se temía: en lugar de proteger civiles, está provocando víctimas entre ellos.
Sin embargo, ha sido precisamente durante su encuentro con el presidente venezolano, Hugo Chávez, esta semana, cuando la presidenta Kirchner ha sentado su posición frente al conflicto en Libia. Ambos denunciaron la operación Odisea del Amanecer lanzando una dura condena a quienes resuelven los problemas "a bombazos".
Divididos ante Libia
Los países integrantes del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), solidarios con la postura de Chávez, han condenado rotundamente la intervención militar aérea, que atribuyen al interés de Estados Unidos y de sus aliados de Europa por apropiarse del petróleo libio. En el polo opuesto, a favor de la intervención en Libia, se encuentran Chile, Colombia, México y Perú. Este último país fue el primero del mundo en romper relaciones con Libia tras la sangrienta represión iniciada el 15 de febrero.
El envío de los Cascos Blancos y su buen trabajo refuerza la presencia argentina en el mundo. Sería de desear que se apoyara este acierto respaldando el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Seguridad y absteniéndose de mostrar fisuras que solo benefician a Gadafi. La ONU - con una imperfecta organización - representa hoy la legalidad entre los estados. La pretensión de Argentina y una amplia mayoría de países para una reforma tan necesaria como urgente es completamente legítima pero mientras tanto su esfuerzo debe dirigirse a secundar y fortalecer el derecho internacional.
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