Las revueltas que sacuden a los países árabes han hecho saltar las alarmas en las dictaduras de todo el mundo. Tras décadas de poder absoluto, han caído regímenes que parecían eternos como el del tunecino Ben Alí o el del egipcio Hosni Mubarak, y en Libia ha estallado una guerra civil que amenaza con derribar a Muamar Gadafi. En todos estos casos, los manifestantes se han rebelado pidiendo democracia y libertad, que es justo lo que nunca han tenido y ahora reclaman con violencia. Pero, para que perdieran el miedo, han tenido que confluir unos factores no sólo políticos, sino también económicos y sociales, que han prendido la llama del descontento. Sin una tasa de paro galopante, una inflación por las nubes y una economía arruinada por el expolio y la corrupción, los tunecinos, egipcios y libios no se habrían movilizado a través de internet para tomar las calles.
Con el ojo puesto en dichas revoluciones, el régimen chino ha celebrado esta semana la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, su máximo órgano legislativo. Con casi 3.000 diputados venidos de todo el país, algunos de ellos con los trajes tradicionales de sus minorías étnicas, esta especie de Parlamento orgánico está compuesto por cuadros del Partido Comunista que aprueban sin rechistar las leyes remitidas por el Gobierno.
Como hace tiempo que en la nueva China del progreso y el desarrollismo se dejó de hablar de política, el debate ha vuelto a girar en torno a la economía. Cada vez más parecido a una gran corporación de ejecutivos trajeados con negocios millonarios, el régimen ha vuelto a hacer hincapié en las medidas sociales para evitar el riesgo de protestas a lo árabe.
Al igual que en los países musulmanes, en China hay una corrupción rampante porque el poder político está ligado al económico y una inflación que roza el 5 por ciento ha disparado los precios de los alimentos y la burbuja inmobiliaria. Pero, a diferencia de los países árabes, la economía crece a un ritmo de dos dígitos y, salvo los agraviados por los abusos de poder y las expropiaciones irregulares, la mayoría de la sociedad percibe la mejora generalizada de las condiciones de vida.
Por eso, y también por la represión sobre los disidentes, la censura en internet y la propaganda de los medios, es improbable que en China estalle una revuelta. Para garantizar la estabilidad social, el primer ministro, Wen Jiabao, ha prometido una lluvia de millones en programas sociales, educativos y sanitarios al presentar el XII Plan Quinquenal (2011-2015).
Al final del mismo, y con un crecimiento medio del 7%, el PIB deberá situarse en torno a los 6 billones de euros, confirmando así su ascenso como superpotencia destinada a rivalizar con Estados Unidos por la hegemonía mundial. El reto de China consiste en cambiar su modelo de crecimiento, que hasta ahora se había basado en las exportaciones salidas de la «fábrica global» y aspira a madurar sustentándose en el consumo doméstico.
Para ello, el régimen se ha propuesto elevar los salarios y aumentar las partidas sociales, lo que en teoría permitirá que los chinos gasten más y no se vean obligados a ahorrar sus exiguos salarios para pagar la educación de sus hijos o la atención médica si caen enfermos.
De los casi 589.000 millones de euros que gastará el Gobierno este año, el presupuesto para construir viviendas de protección oficial para las rentas más bajas subirá un 30 por ciento hasta los 10.775 millones. Además de prometer la creación de 45 millones de nuevos puestos de trabajo durante los próximos cinco años, el primer ministro vaticinó un aumento anual del 7 por ciento en las rentas urbanas y rurales. Al campo se destinarán 107.611 millones de euros para reducir las diferencias con la ciudad y los gastos en educación supondrán el 4 por ciento del PIB en 2012.
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