Varios hombres del Poder Ejecutivo hicieron sondeos discretos en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Justicia y Macri ya fue informado sobre la estrategia de la Corte. Al primer mandatario, en rigor, esa salida no le disgusta porque aleja el fantasma de un fallo adverso que tendría un fuerte impacto político sobre su gestión.
El alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, nunca fue partidario de fallos categóricos, y tampoco lo es ahora, especialmente porque una decisión de esas características produciría un daño político o social al Gobierno.
De todos modos, está en claro que el Gobierno, para salir de la encerrona, tendrá que convocar a una audiencia pública para darle intervención a los consumidores. A nadie en la Justicia se le acurre admitir que se pueda saltear ese paso invocando una lejana audiencia realizada en 2005. Y, más aún cuando el Gobierno, como ya lo anunció, luego de este primer reajuste, piensa comenzar con el segundo tramo de la readecuación tarifaria.
Desde primera hora del jueves pasado, los cuatro jueces están trabajando a fondo en este conflicto y estudiaron más de media docena de demandas que hay en el tribunal.
Además, desde temprano, estuvieron reunidos a solas los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Y pasado mañana, también se sumarán el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti -que hoy estará en los actos de por la Independencia que se hacen en Tucumán-, y Elena Highton. Sin embargo, como se dijo, no hay que esperar antes de la feria un fallo que le de la razón al Gobierno ni a los consumidores.
¿Cómo piensa la Corte resolver este problema? Hay varias pistas:
Dos de los jueces creen que el máximo tribunal podría tomar alguno de los per saltum que presentó la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín. Pero los otros dos, por el contrario, se inclinan por rechazar que la Corte intervenga por el per saltum. En otras palabras, no hay consenso para usar esa vía, que permitiría acortar los tiempos.
Ninguno de los jueces quieren que se los asimile a la mayoría automática que existió en el tribunal durante la época de Carlos Menem, gestión presidencial que sí planteó ante el tribunal varios per saltum. Mucho menos, aún, cuando el tema del reajuste tarifario suena parecido al de rebalanceo telefónico, otro de los escándalos del menemismo.
Incluso, en 2012, el Congreso, a instancias de Cristina Kirchner, sancionó la ley 26.790, que reguló la admisión de per saltum. Pero ni siquiera entonces la Corte aceptó usar esa vía para darle la razón al Gobierno, a pesar de la fuerte presión que en ese momento ejercía la entonces Presidenta para que la Corte Suprema convalidara la ley de medios.
Por otro lado, en siete provincias ya se dictaron una decena de medidas cautelares, pero en todos los casos los tribunales limitaron sus efectos a los habitantes domiciliados en sus respectivos distritos.
En cambio, anteayer, la Cámara Federal de La Plata dictó un fallo que declaró nulo, con alcance para todo el país, el reajuste de las tarifas. Esto último es lo que lo diferencia del fallo dictado por la Cámara Federal de Córdoba, que sólo tuvo efecto para los habitantes domiciliados en esa provincia.
Por eso, la Procuración del Tesoro trabaja en estas horas contra reloj para preparar un recurso extraordinario y, de esa manera, apelar la decisión dictada por la Cámara Federal de La Plata. Ayer, todos los jueces estaban leyendo el fallo platense, pero antes de poder tomar ese caso, es necesario que la Procuración del Tesoro presente el recurso. E incluso hará hincapié en un error inadvertido para todos: el fallo, que anuló los aumentos, también anuló la tarifa social.
Por cierto, la Corte Suprema está bajo una fuerte presión porque los jueces y cámaras de apelaciones de distintas provincias vinieron dictando diferentes medidas cautelares.
Existe un desconcierto generalizado, tanto entre las distribuidoras como entre los usuarios, sobre la obligación de facturar y pagar con el nuevo cuadro tarifario o, por el contrario, sujetarse a los valores anteriores. Por eso, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que un rápido fallo de la Corte podría "dar certidumbre" .
Cuando el lunes la Procuración del Tesoro presente un recurso extraordinario, el alto tribunal debería sustanciarlo, es decir, darle traslado al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la ONG que presentó la demanda. Luego, estudiar los argumentos para resolver el caso. Eso, por sí mismo, justificaría postergar la decisión hasta agosto.
Fuente: Lanacion.com
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