Los comicios tomaron el peor cariz de cualquier elección: las sospechas de que podría perpetrarse el fraude. Un juez electoral y kirchnerista, Laureano Durán, tomó una decisión la dudosa decisión de reducir a 25 el número de boletas por cada partido en cada urna. En una decisión fulminante, la Cámara Electoral Nacional revocó ayer la resolución del juez, recientemente nombrado con la camada de jueces subrogantes cercanos al oficialismo. El mismo día, la jueza electoral nacional, María Servini de Cubría, la magistrada con más experiencia en controles de elecciones, autorizó a los partidos a trasladar fiscales de un distrito a otro. Resulta obvio señalar que la sospecha de fraude ya no abarca sólo a la política, sino también, y sobre todo, a la Justicia.
La Cámara Nacional Electoral hizo al mismo tiempo una exhortación, para que los partidos políticos dispongan de fiscales en cada mesa. El tribunal no necesitó explicitar, su suspicacia con respecto a lo que podría pasar en las mesas en las que algunos partidos carecieran de fiscales. La jueza Servini de Cubría argumentó que las elecciones presidenciales convierten al país en un distrito único y que, por lo tanto, no importa de dónde provienen los fiscales. La magistrada estaba resolviendo un planteo muy específico: la oposición le había pedido trasladar fiscales de la Capital a la provincia de Buenos Aires, donde habitan el mayor conglomerado de votantes y las peores mañas electorales.
El problema en la provincia de Buenos Aires es que el oficialismo es el único partido que tiene asegurado el control y las trampas de las elecciones.
El primer problema que plantea ese contexto es el de la obsolescencia del sistema de votación argentino. El kirchnerismo asumió hace doce años despotricando contra un método que beneficiaba a los barones peronistas del conurbano y condena a la derrota anticipada a sus opositores. El ímpetu inicial del kirchnerismo fue tan grande que sólo tres meses después de que llegara al poder, el entonces Ministro del Interior y actual candidato bonaerense y jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, prometió un sistema de boleta electrónica y exhibió en su despacho, incluso, tres posibles mecanismos. Pero pocos meses más tarde, Néstor Kirchner le hurtó a Eduardo Duhalde el liderazgo de los caciques del conurbano.
Nunca más se volvió a hablar de boleta electrónica o única. Los intendentes bonaerenses detestan cualquier cambio en el sistema que les permite exhibir un enorme poder electoral. Doce años es demasiado tiempo para que un sistema electoral no haya progresado absolutamente nada.
La conclusión es que en las elecciones, en la provincia de Buenos Aires cada boleta partidaria medirá casi un metro. Es un método inhumano de votación. Un dirigente político opositor comentó ayer que el derecho electoral fue privatizado en la Argentina. La transparencia de las elecciones no es una obligación del Estado, sino de los partidos políticos, que tienen que nombrar fiscales en todas las mesas para garantizarse que no será estafados.
El macrismo recurrió al voluntariado para suplir la carencia de estructura propia en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo tiene una buena estructura en el interior de la provincia, pero una no tan buena en el esquivo conurbano. La Coalición Cívica confía sólo en sus creyentes. Ese trío de partidos es, precisamente, el que le pidió a la jueza Servini de Cubría poder trasladar fiscales de la Capital a la provincia de Buenos Aires. Los fiscales terminan siendo el elemento indispensable para la victoria o la derrota.
Con todo, el conurbano sería, un problema menor, a pesar de su gravedad, frente a lo que sucede en las provincias del Norte. El sistema muchas veces feudal que gobierna esos distritos, y las arbitrariedades políticas que se notan menos que en Buenos Aires, complican cada vez más las posibilidades de la oposición de controlar la limpieza de las elecciones. Hay una especial preocupación opositora por lo que podría suceder en Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.
Desde la muerte del anterior juez electoral de la provincia de Buenos Aires Manuel Blanco, la Justicia viene deslizando su preocupación por la manipulación de las elecciones, esta vez no por obra de barones o punteros, sino de los propios jueces. El kirchnerista juez Durán, confirmó esa vieja sospecha. Hay, a todo esto, una vieja discusión sobre qué juez electoral es más importante en el país: si el de la provincia de Buenos Aires (Durán, en este caso) o la jueza electoral nacional, Servini de Cubría, porque ésta tiene responsabilidad directa sólo en la Capital Federal. Esa discusión no se ha zanjado, pero lo cierto es que Durán demostró que está dispuesto a beneficiar al oficialismo en el distrito donde vive el 37% del electorado nacional.
Durán es el emblema del proyecto cristinista en la Justicia. Ningún juez o fiscal es nombrado sólo por adhesiones ideológicas o políticas (lo que ya es detestable); también son designados para cumplir misiones muy concretas. Frenar las investigaciones sobre denuncias de corrupción o condicionarle a la oposición su suerte electoral.
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